Desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, varios gobiernos de Occidente tomaron acciones drásticas para ejercer presión sobre Rusia, y una de las medidas más notables ha sido el decomiso de superyates de lujo de propiedad de oligarcas rusos. Aunque el objetivo era impactar al régimen de Vladimir Putin, esta táctica ha resultado en diversos problemas legales y financieros inesperados, que incluyen altos costos de mantenimiento que deben asumir los gobiernos encargados de confiscar estos barcos.
Uno de los ejemplos más destacados es el del yate de lujo Phi, estimado en 50 millones de dólares. Desde que fue confiscado en Londres a inicios de 2022, el opulento barco ha estado estacionado en el muelle sur de Canary Wharf. Este yate es solo uno de los numerosos que están siendo retenidos en varias regiones del mundo. Aunque la intención inicial de esta acción era ejercer presión sobre la élite rusa y sobre Putin, las consecuencias económicas y los dilemas legales vinculados con estos bienes han desafiado a los gobiernos participantes.
Un trato complejo
El Phi y otros yates de lujo confiscados están causando problemas no solo por los costos de su mantenimiento, sino que también han llevado a disputas legales complicadas. En cuanto al Phi, su dueño, el empresario inmobiliario ruso Serguéi Naumenko, ha entablado varias demandas en el Reino Unido para recuperar la posesión de su yate. Aunque Naumenko no ha sido objeto de sanciones por el gobierno británico y no tiene conexiones directas con el Kremlin, las autoridades han justificado la retención de sus bienes como una medida válida para incrementar la presión sobre Rusia.
El dueño del Phi continúa esforzándose para liberar su embarcación, sin embargo, mientras tanto, el superyate sigue generando millones en gastos de mantenimiento. Estos costos se añaden a los de otros superyates rusos alrededor del planeta, los cuales no solo están imponiendo una carga financiera, sino que también están impactando las relaciones diplomáticas y comerciales a nivel internacional.
El costo elevado de poseer superyates
Mantener un superyate es una operación costosa. Se estima que el mantenimiento anual de un yate de lujo puede equivaler a un 10% de su valor, lo que en el caso del Phi significa una cifra millonaria cada año. Además, otros superyates incautados a oligarcas rusos, como el Sailing Yacht A en Italia o el Amadea en Estados Unidos, han generado facturas de mantenimiento que superan los 30 millones de dólares.
El gobierno italiano, por ejemplo, ha tenido que gastar más de 30 millones de dólares desde 2022 en mantener el Sailing Yacht A, un superyate valorado en 600 millones de dólares, cuyo propietario está bajo sanciones. De manera similar, en Estados Unidos, el gobierno ha invertido una cantidad significativa en el mantenimiento del Amadea, un yate de 106 metros de eslora, retenido en San Diego.
El que ciertos dueños de estos yates estén bajo sanciones ha complicado aún más el escenario. Las normativas locales les impiden a estos propietarios cubrir el mantenimiento de sus barcos, forzando a los gobiernos a hacerse responsables de este costo. En algunas situaciones, los gobiernos han evaluado la posibilidad de vender estos superyates como una medida, pero los complejos trámites legales han frenado estos esfuerzos.
La comercialización de los superyates: una solución poco clara
La venta de superyates confiscados podría ser una vía para recuperar los costos de mantenimiento y generar ingresos adicionales para los esfuerzos relacionados con la guerra en Ucrania. Sin embargo, este proceso ha sido más difícil de lo que muchos anticiparon. En algunos casos, como el del Royal Romance, el gobierno de Ucrania ha intentado vender un superyate incautado, pero ha enfrentado obstáculos legales que aún no han sido superados.
El Alfa Nero, otro superyate ruso incautado en Antigua y Barbuda, es un ejemplo de cómo las tensiones sobre la propiedad pueden generar conflictos legales adicionales. Después de que el gobierno de Antigua decidiera vender el yate debido a los altos costos de mantenimiento, se desató una demanda por parte de la hija de un industrial ruso sancionado, quien asegura que el yate le pertenece. Aunque fue vendido a un multimillonario turco, la disputa legal continúa.
Estos procesos complejos de venta y la ausencia de una solución definitiva podrían desalentar a futuros compradores a intentar obtener estos bienes. Las entidades portuarias de distintos países podrían rehusarse a aceptar la titularidad de los yates transferidos, lo que añadiría más dificultades al comercio de estas naves.
Un porvenir incierto
En el Reino Unido, el destino del Phi podría ser decidido por la Corte Suprema, que se pronunciará sobre su futuro este martes. Sin embargo, incluso si el superyate es liberado, el proceso de resolución para otros superyates incautados probablemente continuará durante un largo tiempo.
El destino de estos superyates permanece incierto, ya sea desde el aspecto legal o económico. En este tiempo, los gobiernos que tienen estas embarcaciones en custodia siguen lidiando con los costos de su mantenimiento, y la ausencia de un plan definido respecto a su futuro genera interrogantes sobre la efectividad de estas acciones en la oposición al régimen de Putin.
En última instancia, la confiscación de superyates rusos puede haber sido una acción simbólica, pero sus complicaciones legales y costos asociados son mucho mayores de lo que se había anticipado. El impacto de estas medidas sobre las relaciones internacionales y el comercio global aún está por verse, mientras los gobiernos occidentales intentan resolver este problema y determinar qué hacer con estos costosos activos de lujo.
