El planeta vive una urgencia climática que ya no permite postergaciones, y una década después del Acuerdo de París, los compromisos, progresos y vacíos se evalúan no por declaraciones, sino por variaciones térmicas, efectos concretos y decisiones que definirán el porvenir de las generaciones venideras.
En 2015, cerca de doscientos países pactaron un marco común para afrontar la mayor amenaza ambiental de la era contemporánea: el cambio climático; el Acuerdo de París fijó como meta principal contener el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un valor que, más que un dato técnico, funcionaba como un límite crucial para preservar la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana; diez años más tarde, ese objetivo continúa siendo la referencia central, aunque el escenario se ha vuelto más apremiante y complejo, ya que las estimaciones actuales muestran que, con los compromisos existentes, el planeta avanza hacia un incremento de entre 2,6 y 3,1 °C, una situación que potenciaría a escala global los riesgos climáticos, sociales y económicos.
El año 2024 representó un giro simbólico y profundamente inquietante: por primera vez, la temperatura media global anual rebasó el límite de 1,5 °C. Aunque este acontecimiento no significa que la meta esté irremediablemente perdida, sí evidencia que el margen para actuar se reduce a gran velocidad. El mensaje resulta claro y contundente: la acción climática dejó de ser una meta estratégica para transformarse en una urgencia estructural que influye en todas las esferas del desarrollo.
El Acuerdo de París como brújula en un mundo más inestable
El valor del Acuerdo de París no radica únicamente en sus metas numéricas, sino en haber establecido una dirección compartida en un sistema internacional fragmentado. Por primera vez, países desarrollados y en desarrollo asumieron compromisos climáticos bajo un marco común, con revisiones periódicas y un principio de progresividad que obliga a aumentar la ambición con el tiempo.
Sin embargo, la brecha entre los compromisos declarados y las reducciones efectivas de emisiones sigue siendo significativa. La economía global continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, mientras que los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las crisis energéticas han puesto a prueba la coherencia de las políticas climáticas en múltiples regiones. En este contexto, cumplir con el espíritu del Acuerdo de París exige algo más que planes nacionales: requiere voluntad política sostenida, innovación tecnológica, financiamiento adecuado y una participación activa de actores no estatales, especialmente el sector privado y la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París sigue siendo la brújula que orienta la acción climática global. Pero una brújula, por sí sola, no garantiza llegar al destino. La velocidad y la consistencia del camino dependen de las decisiones que se tomen hoy, particularmente en esta década crítica.
Chile frente al desafío global: avances concretos y liderazgo regional
Desde su realidad geográfica y económica, Chile ha buscado posicionarse como un actor relevante en la acción climática, tanto a nivel regional como internacional. Desde 2015, el país ha experimentado una transformación profunda en su matriz energética, impulsada por una combinación de políticas públicas, inversión privada y condiciones naturales favorables.
La inversión en energías renovables se incrementó hasta multiplicarse por diez en menos de una década, lo que ha permitido que actualmente más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. El avance de la energía solar en el norte del país y el impulso de parques eólicos distribuidos por todo el territorio han posicionado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en materia de transición energética en América Latina. A esto se suma su temprana incursión en la industria del hidrógeno verde, con iniciativas orientadas a transformar al país en un proveedor clave de combustibles limpios para apoyar la descarbonización a nivel mundial.
Estos avances no son fruto del azar. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 se consolidó como un hito institucional al convertir la carbono-neutralidad para 2050 en un mandato de Estado que supera los ciclos políticos. Del mismo modo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 definió objetivos precisos para disminuir las emisiones de CO₂ hacia 2030, fortaleciendo así la señal estratégica de largo plazo dirigida a inversionistas y actores económicos.
El reverso de la crisis: efectos climáticos y la urgencia de adaptarse
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se manifiesta con fuerza en el territorio chileno. La sequía prolongada afecta a cerca del 80 % del país, alterando la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura, industria y ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, evidencian la vulnerabilidad de los paisajes y comunidades frente a eventos extremos que se ven exacerbados por el cambio climático.
Estos impactos han puesto en el centro del debate la necesidad de avanzar con la misma determinación en adaptación y resiliencia. Reducir emisiones es indispensable, pero no suficiente. Las políticas climáticas deben anticipar riesgos, fortalecer capacidades locales y proteger a los sectores más expuestos, especialmente comunidades rurales, pueblos originarios y grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC presentada por Chile en la COP30 representó un paso relevante. El nuevo marco para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e incorporó de manera más robusta la adaptación, la resiliencia y la justicia social como ejes centrales de la acción climática. Este enfoque reconoce que la transición no puede ser únicamente tecnológica, sino también social y territorial.
Transición justa y herramientas económicas para el cambio
Uno de los elementos más relevantes de la actualización de la NDC chilena es la incorporación explícita de criterios de transición justa. Esto implica reconocer que el proceso de descarbonización genera impactos diferenciados en trabajadores, comunidades y sectores productivos, y que dichos impactos deben ser gestionados de manera anticipada y participativa.
La transición justa procura que nadie quede excluido durante el cambio, impulsando la adaptación profesional, la adquisición de nuevas competencias y la intervención activa de los territorios en las decisiones, un enfoque esencial para mantener el respaldo social a la acción climática y evitar que las políticas ambientales amplíen desigualdades ya existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la adopción de instrumentos económicos que refuercen las señales del mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la incorporación del precio social del carbono buscan que se internalicen los costos ambientales de las emisiones, alentando decisiones de inversión más coherentes con los objetivos climáticos. Bien concebidas, estas herramientas pueden impulsar la transición y, al mismo tiempo, generar recursos para financiar acciones de adaptación y apoyo social.
La responsabilidad de las empresas ante el cambio climático
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La implementación de metas respaldadas por ciencia, la divulgación transparente de las emisiones y la incorporación de la gestión de riesgos climáticos dentro de la estrategia corporativa constituyen pasos esenciales para avanzar en esta ruta. Del mismo modo, la capacidad de las empresas para resistir eventos climáticos extremos se ha vuelto un elemento decisivo para su competitividad y la continuidad de sus operaciones.
En Chile, el trabajo articulado entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha permitido avanzar en este ámbito, pero aún existen brechas importantes. Pasar del compromiso a la implementación requiere capacidades técnicas, financiamiento y una visión de largo plazo que integre a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, participación y corresponsabilidad social
La envergadura del desafío climático demanda una transformación profunda de los modelos de desarrollo, donde resulte esencial impulsar innovaciones no solo en tecnologías limpias, sino también en mecanismos de gobernanza, financiamiento y participación ciudadana para acelerar el cambio. La acción climática eficaz se fortalece desde distintos niveles, articulando políticas nacionales con propuestas locales y compromisos individuales.
La participación ciudadana cumple un rol central en este proceso. Informar, educar y empoderar a la población permite generar una base social que respalde las decisiones difíciles que implica la transición, desde cambios en los patrones de consumo hasta reformas estructurales en sectores clave de la economía. Sin este respaldo, las políticas climáticas corren el riesgo de perder continuidad o efectividad.
Asimismo, la cooperación internacional sigue siendo un pilar fundamental. Compartir experiencias, transferir tecnologías y movilizar financiamiento climático hacia países en desarrollo son condiciones necesarias para que el objetivo global de 1,5 °C siga siendo alcanzable.
Una década decisiva para Chile y el mundo
A diez años del Acuerdo de París, Chile se encuentra en una posición estratégica. Los avances logrados en transición energética, institucionalidad climática y liderazgo regional ofrecen una base sólida para profundizar la acción en la próxima década. Sin embargo, el margen de error es mínimo. La ciencia es clara en señalar que las decisiones que se tomen entre ahora y 2035 definirán el rumbo climático del siglo.
No basta con asumir compromisos ni destacarse en métricas aisladas; el verdadero reto consiste en cumplir, ampliar y acelerar. Convertir las promesas en acciones tangibles, cuantificables y verificables es la única vía para respetar el espíritu del Acuerdo de París y salvaguardar el bienestar de las generaciones venideras.
La década que comienza será recordada como el momento en que la humanidad decidió, o no, cambiar de rumbo. Para Chile, la oportunidad es clara: liderar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que reduzca emisiones, fortalezca el tejido social y genere nuevas oportunidades económicas. El futuro climático no se define en declaraciones, sino en decisiones tomadas hoy, con urgencia, coherencia y visión de largo plazo.
