La administración ha negociado intensamente en el Congreso para avanzar en la reforma de la ley de inmigración, cuyo objetivo es distribuir por la fuerza a niños inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta fue nuevamente rechazada por el Congreso de los Representantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, actuó como mediador pero no logró llegar a un acuerdo.
Durante el pleno, PP y Junts transmitieron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox reiteraron su oposición desde el principio.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se mostró dispuesta a apoyar el texto siempre que se proporcione la información necesaria para su implementación. Sin embargo, destacó que cualquier avance dependerá de la cooperación del PSOE y Sumar. “Si no hay avances en las próximas horas, es mejor que no votemos y sigamos hablando”, afirmó. La enmienda al artículo 35 de la Ley de Inmigración tiene como objetivo mejorar la situación de los niños inmigrantes no acompañados en regiones con un alto hacinamiento.
En otros asuntos, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría impactar en los presupuestos de 2025. El vicepresidente de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, anunció que su partido rechaza el plan y destacó la necesidad de estabilidad fiscal.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se rechaza el mandato, el gobierno deberá fijar un nuevo objetivo en un plazo de cuatro semanas. De aprobarse, esta nueva propuesta tendría que ser enviada al Senado, donde podría estar sujeta a mayores cambios.
La falta de un mandato de estabilidad dificulta la presentación de los requisitos necesarios para 2025, que es crucial para su inclusión el próximo año antes de finales de septiembre. Hasta el momento, el gobierno no ha logrado impulsar ningún requisito previo durante este período legislativo, lo que dificulta aún más las negociaciones con sus socios políticos.
