A partir del 2 de agosto, España comenzará a aplicar la Directiva Europea de Arbitraje, que proporciona a los padres un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido desde el nacimiento de un hijo hasta los ocho años. Sin embargo, la implementación se suspenderá hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, adoptada en 2019, exige que todo empleado tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla ocho años. De ellos, dos meses son intransferibles y deben ser sancionados si no se cumplen. Actualmente, el gobierno tiene un margen adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
El derecho de familia ya reconoce este derecho, pero aún no se ha determinado cómo y cuándo se financiará, lo que deja en suspenso el pleno cumplimiento de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciarán al salario de cuatro semanas, aunque algunos miembros del gobierno ya lo han hecho.
El diputado de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 por parto y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas para el parto y 3 semanas adicionales para la lactancia.
Se propone que el PSOE amplíe el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y garantice el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al Estado unos 250 millones de euros por semana remunerada. Además, si la normativa no se aplica a tiempo, la multa podría ascender a 53.600 euros diarios.
Existen muchas dudas e incertidumbres tanto entre empleados como empleadores respecto a la financiación de estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derecho laboral, la ley reconoce el derecho pero no especifica cómo se debe pagar. Esto ha generado confusión sobre el porcentaje del salario utilizado para estos permisos y su costo.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también destaca que la falta de claridad sobre cómo se implementarán estas autorizaciones ha provocado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago es del Estado, pero se requieren desarrollos regulatorios para hacerlo viable, con el objetivo de lograr su total cumplimiento en 2025.
