El gobierno de Nueva Zelanda está considerando una propuesta legislativa que busca restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, con el objetivo de proteger su bienestar emocional y psicológico frente a los riesgos que implican estas plataformas. Esta medida se inspira en una normativa ya vigente en Australia, donde recientemente se establecieron límites similares.
El jefe de gobierno del país, Christopher Luxon, comunicó esta intención como una parte de un plan completo para proteger a los niños y jóvenes de Nueva Zelanda. Según sus palabras, la propuesta principal es exigir a las plataformas digitales que implementen acciones específicas para impedir que menores de 16 años creen cuentas o accedan a contenido que pudiera afectar negativamente su crecimiento.
Luxon subrayó que esta iniciativa no persigue fines políticos, sino que refleja una inquietud común entre padres, docentes y expertos en salud. “Esto supera cualquier división política. Es un asunto de interés nacional. Nuestro objetivo es que la tecnología funcione a favor de las familias, no en su detrimento”, afirmó el líder durante una intervención pública.
La iniciativa ha recibido el apoyo de partes del gobierno, incluyendo a la diputada Catherine Wedd. Ella ha indicado que el uso sin restricciones de redes sociales está relacionado con el incremento de situaciones de ciberacoso, exposición a material inadecuado y dependencia. La parlamentaria subrayó que diversas plataformas no cuentan con filtros eficientes, y que las acciones opcionales tomadas por ciertas compañías tecnológicas son inadecuadas.
Aún no se ha establecido una fecha precisa para la introducción oficial del proyecto en el Parlamento, pero se ha informado que incorporará controles más rigurosos de verificación de edad por parte de las plataformas, así como sanciones severas en caso de infracción. Dentro de las sanciones potenciales se incluyen multas que pueden alcanzar los dos millones de dólares de Nueva Zelanda, algo más de un millón de euros.
La normativa sugerida busca no solo restringir el acceso, sino también establecer un entorno digital más protegido para los jóvenes. Esto conllevaría una modificación en las políticas de privacidad, gestión de contenido y supervisión parental en redes sociales como Instagram, TikTok, Snapchat y otras plataformas frecuentemente utilizadas por menores.
La iniciativa ha generado un debate intenso en el país. Algunos sectores la celebran como un paso necesario en la protección de la salud mental juvenil, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre las implicaciones que esto podría tener en términos de derechos digitales, libertad de expresión y viabilidad técnica. Las plataformas tecnológicas, por su parte, aún no han emitido una respuesta oficial al respecto, aunque se anticipa que podrían intentar negociar términos más flexibles o defender sus prácticas actuales de verificación de edad.
El Ejecutivo neozelandés ha manifestado su intención de promover un consenso amplio en torno a esta normativa, involucrando a actores políticos de todas las tendencias, así como a organizaciones de la sociedad civil, expertos en desarrollo infantil y representantes del sector tecnológico.
En un entorno mundial donde se ha puesto cada vez más atención en cómo las redes sociales afectan la salud mental de los jóvenes, esta iniciativa coloca a Nueva Zelanda entre las naciones que más proactivamente intenta regular el ámbito digital con un enfoque en el bienestar social. A pesar de que el proceso legislativo está en sus etapas iniciales, la acción significa un avance decidido hacia un tipo de interacción digital más seguro para las futuras generaciones.
