El Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones está llevando a cabo negociaciones abiertas y transparentes con los representantes sociales sobre la reforma de la jubilación parcial. Los sindicatos observan un estancamiento en la mesa de diálogo social, que también aborda la extinción de los contratos laborales indefinidos discontinuos, el acceso a la jubilación anticipada para trabajos penosos o tóxicos y las condiciones de jubilación antes de alcanzar la edad mínima legal.
Uno de los puntos de conflicto es la jubilación parcial anticipada, que permite una transición gradual al mercado laboral y la compatibilidad del salario con un porcentaje de la pensión. El gobierno propone un requisito polémico: aumentar la duración de las cotizaciones de 33 a 34 años para acceder a esta modalidad temprana, que no cuenta con el apoyo de los sindicatos.
Los sindicatos argumentan que esta medida perjudica a los trabajadores, especialmente a las mujeres, que tienden a tener bases legales más bajas o ingresar más tarde al mercado laboral. También se contempla la jubilación anticipada por motivos profesionales para los empleados que desempeñan trabajos especialmente duros, peligrosos o tóxicos sin posibilidad de traslado. La definición de los coeficientes reductores para estos casos aún está en discusión y se debate si los conductores profesionales o las camareras de piso (las llamadas “Kellys”) podrían beneficiarse de esta reforma.
Existe un consenso general para facilitar el acceso a la jubilación a los trabajadores con contrato indefinido discontinuo que trabajan de forma regular o intermitente en sectores como la hostelería o el turismo. El gobierno se ha comprometido a reintroducir un coeficiente de 1,5 para estos trabajadores, lo que significa que cada día trabajado se contará como uno y medio.
Carlos Bravo, representante de CCOO, afirmó que hay signos de preocupación y anticipación en las negociaciones. “En este momento, tanto los avances como las preocupaciones nos hacen dudar de que este tema (sobre un acuerdo antes del 31 de julio) pueda resolverse, pero seguiremos trabajando en los próximos días para ver si se puede llegar a un acuerdo”, explicó Bravo. Secretaria de Política Social de CCOO.
El Ministerio de Pensiones ha facilitado información oral y escrita a los interesados. En la última reunión presentó algunos textos y se comprometió a enviar un borrador completo a los representantes sociales. «Vamos a examinar punto por punto (…) y nos han convocado a una nueva reunión el próximo lunes 29 de julio», dijo Cristina Estévez, secretaria de política institucional de UGT.
