La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos abordarán cada caso de despido «tribunal a tribunal» para garantizar la aplicación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que falló contra la legislación española sobre despidos inminentes. Esta decisión fue calificada por la organización como “histórica y justa”.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de esta resolución del organismo europeo que supervisa el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales firmada por España en 1996. A pesar de su firma, no se logró la ratificación total hasta 2021.
El comité, cuya resolución detallada se anunciará el próximo mes, cree que la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores que han sido despedidos injustamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente.
Arceiz criticó el sistema retributivo español, que fija 33 días de salario por año trabajado, señalando que tiene «deficiencias importantes» en términos de flexibilidad y disuasión. En su opinión, esto permite hacer «previsibles» los despidos injustificados, ya que el importe de la indemnización se puede calcular con antelación, lo que no impide que los empresarios realicen despidos.
El portavoz de UGT también mencionó que ha pasado demasiado tiempo desde el despido de un trabajador hasta que se resuelve su caso, lo que ha afectado a la recuperación de los salarios desde la reforma laboral de 2012.
Se debatió si la resolución de la comisión es vinculante para el Estado español. Mientras Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lo calificó de “consultivo”, Arceiz defendió su compromiso argumentando que el Gobierno no puede ignorar las obligaciones internacionales.
Arceiz pidió al gobierno que reforme urgentemente la legislación laboral y pidió ajustes que permitan a los tribunales ajustar la compensación al “daño real” sufrido por los trabajadores. También propuso eliminar los límites de compensación, fomentar el regreso al trabajo y garantizar un arbitraje judicial más rápido para el reembolso de los salarios.
